Puerto Banús, Marbella, Málaga. Foto SHB
El Ministerio de Medio Ambiente a través del pacto denominado Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa pretende frenar el urbanismo incontrolado en el litoral, y también pactar la demolición o traslado de aquellas construcciones (viviendas, chalés, hoteles, piscinas, puertos deportivos) que ocupan la zona pública de Mallorca y del resto de la franja costera balear. Esta actuación apuesta por nuevos modelos de desarrollo de la costa, alejándose de la ocupación urbanística y apoyando los recursos naturales.
El pacto propuesto afecta de momento a Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva. El Cantábrico, no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
La disparatada situación que vive el litoral balear, supuestamente protegido del urbanismo salvaje, muestra una realidad muy diferente: la construcción sin control en primera línea de playa.
Han transcurrido 20 años desde la publicación de la Ley de Costas que establece el carácter público de todas las playas, prohibiendo la construcción en primera línea y estableciendo una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera libremente pueda recorrer el litoral, seguida de cien metros de protección, en los que se pueden instalar únicamente campos deportivos o cultivos. Sin embargo la extraordinaria naturaleza costera de las islas Baleares se muestra interrumpida por instalaciones que ocupan sus playas. Con esta medida el Gobierno pretende recuperar las zonas públicas del litoral, abriendo senderos de uso público que faciliten el acceso al mar, derribando y reubicando aquellas construcciones que crean tramos ciegos impidiendo el acceso a la costa.
Las Islas Baleares, con sus más de 360 playas, buscan atraer turismo de calidad realzando las zonas vírgenes, garantizando el acceso libre a todas sus playas y recuperando las franjas costeras ocupadas irregularmente. Se estudian también actuaciones contra el cambio climático que debido al calentamiento global, llevará a la subida del nivel del mar, afectando negativamente a la costa balear y a sus arenales.
Las medidas planificadas a largo plazo suponen el traslado de los puertos deportivos de Palmanova, en Calviá, y S’Arenal para regenerar sus playas, ya que según este informe las marinas artificiales y los puertos deportivos han dejado “completamente hormigonado” el litoral balear, ocasionando pérdida de arenas y más contaminación de las playas.
Asimismo se prevé la demolición de las construcciones –hoteles, urbanizaciones, piscinas, solariums, viviendas- que impiden el acceso a las playas o que obstruyen los cauces de los ríos, agravando el riesgo de inundaciones.
El coste del plan alcanza los 5.000 millones de euros, se trata de una estrategia a largo plazo que depende para la consecución de sus objetivos de la colaboración de las Comunidades y Ayuntamientos, ya que no se trata de un plan de expropiaciones masivas (las competencias gubernamentales alcanzan únicamente a los primeros metros de playa), lo que se pretende es que los ayuntamientos cedan suelo en zonas alejadas del litoral a los propietarios afectados.
El plan afectará a las calas Es Corso, Marsal, Portopetro, Llombards, Murada, calas de Mallorca, Portocristo, Caló de Es Torrent de Ibiza, y a diferentes puntos de la bahía de Palma; también a varios hoteles del archipiélago Balear, a la exclusiva zona de la Costa de los Pinos, al hotel club Pollentia, a numerosas urbanizaciones residenciales, chiringuitos y puertos y marinas deportivos.
